Nuestro sector pertenece al sistema público. Público porque debería ser totalmente gratuito, público porque se gestiona a través de fondos públicos, público porque es un derecho de todas las personas, público porque no debe tener un objetivo económico sino de calidad y eficiencia.

Desde el nacimiento de los servicios sociales este ha sido un sector privatiza, llegando en algunos casos hasta el 70%. Este es un hecho altamente significativo. Privatizar este sector tiene unas consecuencias nefastas para todos los ciudadanos.

Por un lado, porque hay unas empresas que se enriquecen con el dinero de todos a través del sistema de concursos donde priman los principios económicos por encima de la calidad, lo que a su vez hace que los destinatarios de los proyectos queden en un último lugar. En nuestro trabajo todos hemos vivido este tipo de situaciones, recortes en material, insuficiente número de personal, espacios poco idóneos para las actividades, etc.

A esto hay que añadirle otro factor importante. La mayor parte de las empresas, al buscar un beneficio económico, abaratan los costes a través de nuestras condiciones laborales, aumentando las jornadas, reduciendo el número de días vacacionales, rebajando sueldos, etc. Lo que a su vez se traduce en una menor calidad del trabajo realizado.

Un convenio propio del sector de intervención social pondría freno a esta situación siempre y cuando se adecué a la realidad que vivimos.

Si este convenio define bien las categorías profesionales, si establece unas buenas tablas salariales, si recoge el derecho de subrogación así como una serie de pluses profesionales que reconozcan nuestra labor, si se camina a un convenio único que dignifique el sector, entonces, solo entonces conseguiremos poner freno a esta barbarie que vivimos.