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Con la ley 27/2007 de 23 de octubre, se reconoció el derecho al uso de las lenguas de signos como una lengua oficial más dentro del territorio español, lo que implica el derecho a elegir la LSE (lengua de signos española) y la LSC (lengua de signos catalana) para acceder a los conocimientos que desde el sistema educativo español se nos marcan.
Esta ley además, regula los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas con deficiencia auditiva, sordas o sordociegas. Esto que se vivió como un logro por parte de toda la comunidad sorda, no ha sido respetado de forma íntegra por nuestros gobernantes, que son los primeros que incumplen la ley.
En el caso de la educación de las personas sordas signantes, es decir, aquellas que usan la Lengua de Signos para comunicarse, precisan de un profesional denominado ILSE (Intérprete de Lengua de Signos) de vital importancia para estos alumnos, ya que con este recurso, pueden acceder a la información en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros oyentes. Derecho constitucional donde los haya y reconocido por toda la comunidad docente.
Cuando un profesor se enfrenta a un alumno de estas características, no puede atenderlo de forma personalizada, por lo que tener un profesional en el aula que traslade todo cuanto se dice (explicaciones, debates, reuniones, informaciones relevantes que se dan en los centros educativos) supone facilitar la labor docente.
Estos profesionales han pasado por múltiples situaciones y con el tiempo, la situación laboral en la que se encuentran es denigrante.
Al principio dependían de subvenciones del gobierno. Se contrataba un número de intérpretes en función de los alumnos matriculados que demandaran este servicio. En ningún momento, el gobierno decidió regular su contratación de forma pública.
El profesional era contratado al inicio del curso por alguna entidad (en su mayoría asociaciones o federaciones de personas sordas) y en junio se iban a la calle. El concepto de Fijo discontinuo, no estaba en las mentes de estos señores.
Con el tiempo, se estudió la posibilidad de crear un concurso público que contratara a estos profesionales de cara a dar una mayor estabilidad al servicio de interpretación en centros educativos, ya que al no depender de una subvención se entendía que este servicio era necesario y por tanto debía prestarse sí o sí.
En la comunidad autonómica de Aragón, así se hizo. El primer año los intérpretes sufrieron un recorte de sueldo impactante, ya que contabilizaron el número de días lectivos, sin contar vacaciones ni fines de semana, los multiplicaron por el número de horas y un precio/hora que se sacaron de la manga.
Para cobrar un sueldo digno acorde con el convenio colectivo, la entidad gestora (sin ánimo de lucro, tuvo que hacer un esfuerzo económico. Es decir, no sólo no ganaban con el trabajo de estos profesionales, sino que les costaba dinero para que el servicio se hiciera dignamente.
Este año, con el cambio de gobierno los plazos se echaron encima y se propuso un contrato de septiembre a diciembre y después en enero, ya veríamos qué sucedía. Los intérpretes se iban a la calle el 22 de diciembre a la espera de una nueva contratación.
A día de hoy, seguimos sin ver publicado el concierto de servicios, lo que implica que según los plazos que se manejan en estos casos, el día 9 no se prevé tener un intérprete en el aula, o al menos, no contratado por esta vía.
Se teme lo peor.
Primero, no sólo las condiciones laborales son pésimas, sino que podemos echarnos a temblar si se plantean renovaciones de contrato de trimestre en trimestre. El trabajador se encuentra en una situación de vulnerabilidad absoluta que implica, no acumular meses de paro y quedarse al descubierto en caso de una no contratación.
Pero esto no es todo. Tampoco hay garantías de que se siempre sea esta entidad la que lo gestione, por lo que cualquier empresa, ETT o con ánimo de lucro, si puja por este servicio…imaginad cómo se contrataría.
Pero aún hay más. Con esta nueva forma de contratación, no se garantizaba ILSE por alumno. Se ofrece un máximo de 5 lo que supone compartir intérprete y no tener cubiertas todas las horas lectivas del alumno, lo que ha supuesto abandonos y problemas de organización. Otro derecho más incumplido.
Los intérpretes no están reconocidos por la administración, son subcontratados y nunca tienen una estabilidad laboral.
Es muy importante que se reconozca la figura del ILSE en el aula y que se le reconozca como profesional. También es muy importante que se cumplan los derechos de las personas sordas y se les ofrezca este recurso las horas que lo precisen, porque queridos compañeros, por mucho que recorten, no van a salvar al país de la crisis. Son cinco nóminas de septiembre a junio que bien se las podrían sacar de cualquier acto oficial eliminando las botellas de vino o quitando las exquisiteces que comen en sus cenas de gala (por dar alguna idea)
Esta situación es indignante y un indicativo de que nuestro gobierno, no piensa en el derecho a una educación en igualdad.
Cuando nos hablen de integración, tengan este hecho en sus mentes guardado y piensen si no es una demagogia en toda regla.
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